Las mujeres lesbianas, bisexuales y queer (LBQ+) enfrentan formas de violencia y discriminación que los marcos de protección tradicionales no han reconocido plenamente.
El acceso de las mujeres LBQ+ a sus derechos sigue condicionado por instituciones patriarcales, la violencia opera como un instrumento para disciplinar a quienes desafían las normas de género y el subregistro estadístico invisibiliza esa violencia y condiciona las respuestas de política pública.
He 29 April 2026 el Experto Independiente SOGI de Naciones Unidas publicó un nuevo Informe temático sobre violencia y discriminación hacia mujeres lesbianas, bisexuales y queeren el mundo. A continuación compartimos las reflexiones centrales de este documento.
El derecho internacional de los derechos humanos protege a las mujeres LBQ+ mediante las garantías de igualdad y no discriminación; autonomía corporal; vida familiar; right to health, a la propiedad; la herencia; el trabajo; el acceso a la justicia, a una vida libre de violencias, among other. Nevertheless, la falta de información sobre su situación limita significativamente la formulación de disposiciones legislativas y políticas públicas que, desde un enfoque interseccional, deberían orientarse a su protección.
Historically, los mecanismos de protección dirigidos a las mujeres se han centrado en estructuras familiares heterosexuales, mientras que los marcos normativos relacionados a las personas LGBTI+ han priorizado las experiencias de los hombres, dejando a las mujeres LBQ+ en desprotección.
Esta falta de reconocimiento ha favorecido la reproducción de las violencias y discriminaciones que enfrentan las mujeres LBQ+ en distintos contextos del mundo. Aunque sus manifestaciones varían, estas responden a patrones estructurales compartidos: el ejercicio de sus derechos está condicionado por instituciones patriarcales y su acceso al espacio público suele depender de su adecuación a las normas de género. Quienes desafían estas expectativas se exponen a insultos, acoso digital, agresiones físicas y violencia sexual. In addition, la falta de reconocimiento institucional de estas violencias dificulta la producción de información sobre sus realidades e impide el diseño de respuestas públicas adecuadas.
En primer lugar, el Experto Independiente señala que existe un acceso condicionado a derechos. Es decir, que en muchos de los contextos globales el acceso de las mujeres a derechos y recursos está condicionado por la existencia de un marido, una pareja masculina o un hogar encabezado por un hombre. Esta dependencia puede estar prevista expresamente en las leyes sobre matrimonio, filiación y propiedad, o reproducirse mediante trámites administrativos y servicios que presuponen su heterosexualidad.
For example, en materia de acceso a la vivienda, se han reportado casos de parejas de lesbianas que fueron desalojadas de su residencia y no les permitieron retirar sus pertenencias una vez se hizo pública su orientación sexual. In addition, en aquellos contextos en los que las relaciones entre personas del mismo sexo no están reconocidas legalmente, a las mujeres LBQ+ les resulta imposible adquirir una propiedad con su pareja, celebrar contratos conjuntos o lograr que se les reconozcan sus derechos de arrendamiento.
Y cuando lastimosamente son asesinadas o fallecen, sus parejas enfrentan graves obstáculos en las investigaciones penales y en los procesos para recuperar sus restos. Estas barreras institucionales impiden que las personas más cercanas a las víctimas accedan a una reparación efectiva.
En el ámbito de la salud, se observa una denegación sistemática de ciertos exámenes y procedimientos médicos a mujeres LBQ+, bajo el argumento de que no mantienen relaciones sexuales con hombres. Ello ha resultado en un número desproporcionadamente elevado de mujeres LBQ+ con pruebas pendientes de detección de cáncer de cuello uterino, mama y colorrectal. En el caso de mujeres trans (debido a las prácticas invasivas, las evaluaciones psicológicas y los requisitos burocráticos o degradantes para acceder a tratamientos de afirmación género) estas han recurrido a intervenciones no reguladas, como el uso de silicona industrial u otros procedimientos en condiciones de riesgo, con graves consecuencias para su salud.
In segundo lugar, la asunción de tareas de cuidado no remuneradas dentro del nucleo familiar por “no tener familia propia”, la discriminación laboral, la falta de ingresos propios, la infrarrepresentación política y los discursos mediáticos que presentan a las mujeres LBQ+ como una amenaza para la familia o la infancia, restringen el derecho de estas mujeres a la vida pública.
Las mujeres LBQ+ que trabajan en sectores vinculados al cuidado, como la docencia o la salud, pueden sufrir un escrutinio especial y ser acusadas de perjudicar la reputación de la institución. Las mujeres con apariencia masculina, trans o de género no binario se concentran de manera desproporcionada en trabajos informales, precarios y mal remunerados, sin contratos ni protección social. Esta precariedad refuerza la dependencia familiar con la familia de origen y reduce la capacidad de rechazar matrimonios forzados.
En la esfera política, las mujeres LBQ+ continúan estando subrepresentadas en todos los niveles de gobierno. Aunque existen casos de mujeres lesbianas y trans elegidas para cargos públicos, siguen siendo excepcionales.
La hostilidad se intensifica cuando una candidata o funcionaria es visible, especialmente en contextos donde autoridades de alto nivel presentan a las personas LGBTI+ como una amenaza nacional. Según el Experto Independiente, la plena materialización de la igualdad de género en los espacios de toma de decisiones del Estado podría tardar alrededor de 130 years, una demora que afecta aún más a las mujeres LBQ+.
On the other hand, en los medios de comunicación, las mujeres bisexuales y queer suelen ser representadas como inestables, peligrosas o moralmente cuestionables. Las acusaciones que las señalan de “reclutar” jóvenes, corromper a la infancia o destruir familias sirven para negarles legitimidad como madres, docentes y cuidadoras.
Estas narrativas estigmatizantes se han traducido en políticas públicas regresivas, como la eliminación de la educación sexual integral. En contextos educativos hostiles, las niñas LBQ+ son empujadas a abandonar la escuela, lo que perpetúa ciclos de precarización económica y exclusión social.
In tercer lugar, el Experto Independiente identifica la violencia como un instrumento de disciplinamiento destinado a imponer el cumplimiento de las normas de género que las mujeres LBQ+ desafían. Este mecanismo opera en distintos ámbitos sociales.
En algunos de los hogares que no reconocen la identidad de género u orientación sexual de sus hijas, recurren a amenazas, confinamiento, privación de alimentos, agresiones físicas y violencia sexual para disciplinar o “corregir” su orientación sexual.
Una de sus expresiones más extremas es la violación sexual correctiva, utilizada para imponer por la fuerza la heterosexualidad y preservar el supuesto honor familiar.
En el espacio público, las agresiones suelen desencadenarse tras muestras de afecto público entre mujeres (como ir de la mano, abrazarse o besarse), por tener una apariencia masculina o por ser percibidas como lesbianas o trans.
Se denuncian actos de acoso verbal, intimidación colectiva, amenazas de violencia sexual, agresiones físicas e incluso asesinatos. La expresión de género es un factor central: la seguridad depende del cumplimiento de una feminidad normativa. La respuesta más frecuente de la policía ante estas violencias es no registrarlas, perpetuando así un mensaje de impunidad.
Además de este papel cómplice, las fuerzas de seguridad suelen ser señaladas de cometer detenciones arbitrarias y diversas formas de violencia física y sexual contra mujeres LBQ+. Los controles de tráfico, los puestos fronterizos y los centros de detención son espacios de especial riesgo para las mujeres con apariencia masculina, las lesbianas trans y las personas de género no no binario. En los centros de detención, la asignación de celdas según el sexo registrado al nacer expone a las mujeres LBQ+ a nuevas formas de violencia, incluidas agresiones físicas, torturas y pruebas de VIH realizadas sin su consentimiento.
Finally, la violencia contra las mujeres LBQ+ rara vez se registra de manera adecuada en los sistemas oficiales. Muchos sistemas estadísticos no incorporan variables de orientación sexual, identidad ni expresión de género. Consequently, los homicidios, agresiones y violencias sexuales suelen ser clasificados erróneamente, generando un subregistro que invisibiliza la dimensión de esta violencia. Mujeres lesbianas o bisexuales suelen ser registradas como heterosexuales y las mujeres trans conforme al sexo asignado al nacer.
Esta invisibilidad estadística impide identificar patrones específicos de violencia y, consequently, condiciona las respuestas de la política pública. Lo que se ha descrito como una “distorsión sistemática” de los datos disponibles lleva a asumir erróneamente que las mujeres LBQ+ enfrentan niveles de riesgo más bajos que otros grupos de mujeres o personas LGBTI+.
Como se señaló inicialmente, el enfoque fragmentado de los marcos de protección frente a la violencia y la discriminación (on the one hand, el dirigido a las mujeres, centrado en las experiencias de mujeres cisgénero, and on the other, el de las personas LGBTI+, enfocado principalmente en la experiencia homosexual masculina) contribuye a generar vacíos tanto en los datos como en las respuestas de política pública. En este mismo sentido, la división que se realiza entre las violencias públicas (Estado – espacio público) y privadas (familia), en la legislación y en la práctica, contribuye a que un número considerable de casos no se denuncien, especialmente cuando se trata de violencia correctiva.
Garantizar los derechos de las mujeres LBQ+ requiere superar la fragmentación entre los marcos de protección de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI+, y abordar los patrones estructurales que sostienen la violencia y la discriminación en su contra. Ello demanda acciones basadas en evidencia y un enfoque interseccional que asegure respuestas integrales.
Desde la Red de Litigantes LGBTI+ de las Américas continuaremos articulando y fortaleciendo el trabajo que ya desarrollan nuestras integrantes para documentar estas violencias, impulsar estrategias de litigio e incidencia para prevenirlas, sancionarlas y exigir respuestas estatales que garanticen a las mujeres LBQ+ el ejercicio pleno de sus derechos en igualdad y dignidad.
Therefore, compartimos el informe que enviamos al Experto Independiente de Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género, como aporte regional a este proceso.
