He 19 January 2026 la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública la sentencia del caso Zelaya vs Honduras. En ella, el Tribunal regional declaró la responsabilidad internacional del Estado por múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de Leonela Zelaya, una mujer trans, trabajadora sexual y persona que vivía con VIH y que en 2004 fue detenida ilegal y arbitrariamente en tres ocasiones por agentes estatales y, días después, fue asesinada.
Si bien la Corte no declaró al Estado responsable de su muerte, sí consideró que se violó su derecho a la libertad personal, su derecho a la igualdad y no discriminación, y que hubo falta de debida diligencia en la investigación de su muerte, donde se violó su derecho a la identidad y expresión de género.
In addition, el Tribunal reconoció como víctima a Thalía Rodríguez, mujer trans que convivió durante nueve años con Leonela Zelaya y con quien mantenía un vínculo familiar. La Corte concluyó que la investigación estuvo marcada por una demora injustificada y por la omisión del deber de debida diligencia reforzada, lo que constituyó una violación de los derechos de Thalía a las garantías judiciales y a la protección judicial.
Equally, declaró vulnerado su derecho a la integridad personal, como consecuencia de los sufrimientos ocasionados por la prolongada inactividad judicial y la ausencia de una investigación efectiva.
En cuanto a las detenciones ilegales y arbitrarias de las que fue víctima Leonela Zelaya, la Corte Interamericana determinó que se realizaron con base en una normativa ambigua que otorgaba un margen excesivo de discrecionalidad a las autoridades, las cuales no sustentaron su accionar con motivaciones objetivas, sino que acudieron a prejuicios derivados de su identidad de género y su oficio como trabajadora sexual.
En relación con la investigación penal que sobrevino a su asesinato, se concluyó que el Estado incurrió en graves deficiencias en la investigación de su muerte como la inadecuada identificación de la víctima conforme a su identidad y expresión de género, el incumplimiento del plazo razonable y la omisión de adoptar una hipótesis de investigación que contemplara el contexto de violencia contra mujeres trans en Honduras, los hechos de violencia previa en su contra y su identidad de género como posible móvil del crimen.
Además de lo ya mencionado, la sentencia desarrolla asuntos relevantes como la reiteración del estándar fijado en el caso Vicky Hernández vs Honduras en cuanto a la aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sanction and eradicate violence against women (Convención de Belém Do Pará), reiterando que este instrumento protege también a las mujeres trans que son víctimas de violencia basada en su identidad y expresión de género, reiterando el estándar de debida diligencia reforzada, que exige incorporar una perspectiva de género en la investigación y juzgamiento de estos casos.
La Corte también avanzó en la protección de las familias en sentido amplio al reconocer que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integran la familia social de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que acrediten la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, for instance, de las gestiones realizadas para obtener justicia.
Entre las medidas de reparación, destaca el sistema de recolección de datos que se ordenó crear en la sentencia Vicky Hernández vs Honduras, el cual también deberá incluir información sobre el avance de los procesos y los índices de impunidad en casos de violencia contra personas LGBTIQ+. In addition, se deberá desarchivar el expediente de la muerte de Leonela Zelaya e impulsar la investigación y eventual sanción de los responsables.
The sentence, como un referente en la región, representa un paso decisivo para proteger la vida y la dignidad de las personas trans en las Américas y las medidas de reparación ordenadas fortalecen la capacidad del Estado hondureño para enfrentar la violencia estructural y garantizar justicia.
