¿Cuál es tu análisis del acceso a las candidaturas de puestos de elección popular en México por parte de personas LGBTIQ+?
Las candidaturas de personas LGBTQ+ han ganado territorio en los últimos ejercicios electorales en México. Todos los partidos políticos, incluso el partido tradicional de derecha, han posibilitado que personas LGBTQ+ compitan por cargos de elección popular. Nevertheless, en la mayoría de las ocasiones, se trata de candidaturas con posibilidades remotas de tener un resultado exitoso, poniendo en duda la genuinidad de las intenciones de los partidos, a quienes se les ha acusado de instrumentalizar a las personas LGBTQ+ candidatas.
Paralelamente, el marco normativo relacionado con las cuotas para garantizar la participación de las personas LGBTQ+ en cargos de elección popular varía de estado a estado, sin conseguir alcanzar un estándar óptimo que asegure la debida representación de nuestras poblaciones en congresos y ayuntamientos. Esta situación encuentra identidad con el marco normativo nacional que tampoco alcanza a garantizar la participación de las poblaciones de la diversidad sexual y de género en los órganos legislativos mexicanos.
Desde tu experiencia, ¿qué tipos de episodios discriminatorios y violentos viven las personas de la diversidad sexual y de género al aspirar a un lugar dentro del andamiaje político de México?
Igual que sucede cuando se analiza la violencia y discriminación en cualquier contexto, variará conforme a la identidad interseccional de cada persona y las situaciones particulares que le rodeen. En mi experiencia personal, los incidentes han provenido de medios de información, redes sociales, algunos personajes del partido en el que participo y, en menor medida, de la interacción con la ciudadanía. En la mayoría de los casos se ha tratado de incidentes de violencia verbal, aunque en mi campaña por la alcaldía sí recibí un amago de violencia física motivado en la visita a una casa de trabajo sexual, proveniente del enojo de un vecino de este espacio que discutió conmigo tras exponerle que las trabajadoras sexuales tienen el mismo derecho de ser visitadas para exponerles las propuestas de gobierno existentes en la contienda.
Por su parte, una pareja homoparental que compitió por una diputación como parte de mi equipo fue víctima de un acto de violencia simbólica que reunía las características para considerarlo una amenaza su integridad personal. Este hecho sucedió en un contexto de violencia en las elecciones de 2021, que derivó en el asesinato de una de las candidatas adscritas al partido en el que participamos.
¿Qué mecanismos deben ser implementados por el poder público para prevenir y erradicar estos hechos discriminatorios dentro de los procesos electorales?
Considero que la existencia de fiscalías especializadas en los derechos político-electorales de poblaciones prioritarias es un elemento que podría contribuir en gran medida a reducir la discriminación en el contexto electoral. Las fiscalías especializadas son una realidad en algunos estados en México, por lo que debería aspirarse a que fuese una práctica en todo el territorio nacional.
En cuanto al panorama jurídico y político en México con respecto a las personas LGBTIQ+, ¿qué acciones llevadas a cabo recientemente por organizaciones te producen mayor esperanza?
En términos políticos, destaco el reciente encuentro de liderazgos políticos celebrado en la Ciudad de México que resultó en el intercambio de experiencias entre personas de la diversidad sexual y de género de buena parte del continente.
En términos jurídicos, destaco la serie de litigios emprendidos por Amicus y otras organizaciones en varias entidades federativas del país aspirando a que se creen anexos presupuestales LGBTQ+ en los presupuestos de egresos a nivel local. En Guanajuato, esta acción está derivando en la elaboración de uno de los ejercicios diagnósticos más ambiciosos que se hayan realizado en la región.
