Al menos 278 muertes a personas LGBTIQ+ fueron registradas en Brasil el pasado 2022. El Observatorio de Muertes y Violencias contra LGBTI+ publicó un informe en el que sacan a la luz pública algunas de las formas de estas muertes, en las que “se observan refinamientos de la crueldad cuando las víctimas forman parte de la población LGBTI+, que caracteriza los delitos aquí citados como delitos de odio”. Hacer frente a esto, además de un trabajo jurídico, requiere un cambio en el imaginario social. ¿Cómo ha sido para ti enfrentarte a ese imaginario?
Es difícil y a menudo desgarrador ver cómo muchas personas siguen siendo homotransfóbicas, hasta el punto de querer matarnos, humillarnos, ofendernos, discriminarnos, etc, por llamarnos miembros de una “raza vergonzosa”, “raza demoníaca” y otros insultos similares. Ciertamente estamos muy lejos de tener, en Brasil, una conciencia social sobre la igual dignidad de las personas LGBTI+ en relación con las personas cishetero. Sin embargo, tenemos pequeños avances ocasionales aquí y allá, incluso institucionales, como el juez del Tribunal Supremo Federal que reconoció la homotransfobia como delito de racismo en 2019. La sociedad ahora sabe que un acto considerado homotransfóbico por el Poder Judicial provocará un castigo penal, aunque muchas veces con penas alternativas a la prisión. La gente piensa que una persona homotransfóbica puede ir a la cárcel, lo cual es posible en los casos más graves (en Brasil las penas de hasta cuatro años se pueden convertir en penas alternativas a prisión, y delitos como el racismo, en el que la homotransfobia está enmarcada, tiene penas de 1 a 5 años, incluso en los casos en que procede pena alternativa, el Poder Judicial puede justificar la necesidad de prisión por la gravedad del caso).
Es difícil y a menudo desgarrador ver cómo muchas personas siguen siendo homotransfóbicas, hasta el punto de querer matarnos, humillarnos, ofendernos, discriminarnos, etc, por llamarnos miembros de una “raza vergonzosa”, “raza demoníaca” y otros insultos similares. Ciertamente estamos muy lejos de tener, en Brasil, una conciencia social sobre la igual dignidad de las personas LGBTI+ en relación con las personas cishetero. Sin embargo, tenemos pequeños avances ocasionales aquí y allá, incluso institucionales, como el juez del Tribunal Supremo Federal que reconoció la homotransfobia como delito de racismo en 2019. La sociedad ahora sabe que un acto considerado homotransfóbico por el Poder Judicial provocará un castigo penal, aunque muchas veces con penas alternativas a la prisión. La gente piensa que una persona homotransfóbica puede ir a la cárcel, lo cual es posible en los casos más graves (en Brasil las penas de hasta cuatro años se pueden convertir en penas alternativas a prisión, y delitos como el racismo, en el que la homotransfobia está enmarcada, tiene penas de 1 a 5 años, incluso en los casos en que procede pena alternativa, el Poder Judicial puede justificar la necesidad de prisión por la gravedad del caso).
Por otro lado, las universidades, parte de los medios de comunicación y la opinión pública, entre otras personas, tienen discursos sobre la inclusión y no discriminación de las personas LGBTI+. Para que no haya dudas, todavía vivimos la verdadera banalidad del mal homotransfóbico en Brasil, como reconoció el Supremo Tribunal Federal (citando este discurso mío) en el juicio de 2019 que reconoció la homotransfobia como un crimen de racismo: innumerables personas todavía sienten que tienen el pseudo “derecho” de ofender, discriminar, atacar y hasta matar a personas LGBTI+ por su mera orientación sexual o identidad de género y eso es desgarrador. Pero hemos logrado avances puntuales, en la lógica del reformismo del Estado Social y Democrático de Derecho. Enfrento este imaginario homotransfóbico de la manera que puedo y sé, es decir, a través de la ley y a través de acciones judiciales, que en Brasil pueden proponerse directamente ante el Supremo Tribunal Federal . Realicé dos acciones recientes sobre el derecho de las mujeres transexuales y travestis a permanecer en el penal de mujeres si así lo desean (ADI 7429 y 7434) y anteriormente realicé dos acciones, una individual y otra colectiva, para que el STF reconozca que el Estado brasileño tiene la obligación constitucional de proteger a los hombres GBTI+ en relaciones del mismo sexo (hombres en relaciones afectivo-sexuales con otros hombres) contra la violencia doméstica y determinar nuestra protección por la legislación existente hasta que se cree una ley especial (MI 7442 y MI 7452).
Otros activistas luchan en los Poderes Políticos (Ejecutivo y Legislativo), lo que yo también hago siempre que puedo, y otros en proyectos de incidencia en sociedad civil más directamente. No estoy nada desanimado, pero desde 2022 digo que estoy psicológicamente asqueado por este país que coquetea con el fascismo, a la luz de las elecciones de 2018 y de la casi reelección del ex presidente Bolsonaro, ahora afortunadamente declarado inelegible por el Tribunal Electoral. Pero el bolsonarismo, como rama del fascismo, sigue siendo muy fuerte en Brasil y los fascistas perdieron la vergüenza de serlo con la elección de Bolsonaro en 2018, aunque sin reconocer su fascismo (y el del mismo Bolsonaro). Incluso a causa de esta enfermedad psicológica, me tomó mucho tiempo responder estas preguntas, por lo que reitero mis disculpas aquí, públicamente.
Toni Reis, un gran activista gay por los derechos LGBTI+ en Brasil, me dijo hace años que me admira porque actúo “con una misión” en la defensa de nuestra ciudadanía LGBTI+ y tengo la audacia de decir que estoy de acuerdo, porque detengo mi vida para luchar como puedo, normalmente a través del Poder Judicial, por nuestros derechos. Lo hago con mucho gusto, por pasión por el Derecho y los derechos humanos, para que sean tomados en serio. No es fácil y a veces es desgarrador, pero sigo luchando y estoy mejor que durante la primera mitad de este año. La vida y la buena lucha por los derechos humanos deben continuar siempre.
Desde tu experiencia como abogade, ¿cómo se puede desmantelar la violencia haciendo uso de un aparato jurídico que ha estado dominado históricamente por el pensamiento patriarcal?
Es una pregunta aún sin respuesta en Brasil y en todo el mundo. En la lógica reformista de un Estado de Bienestar Social, creo que la violencia y discriminación homotransfóbica y generalizada se pueden desmantelar mediante la formación y sensibilización del sistema de justicia, de las instituciones en general y de la sociedad en su conjunto, en favor de la plena igualdad y dignidad de todas las personas LGBTI+ en comparación con personas cishetero. Así mismo, a través de estrategias de comunicación social con medios hegemónicos y alternativos que ayuden a combatir los espantapájaros que nos difaman, es decir, que demuestren a la sociedad que no queremos “destruir la familia” (queremos que nuestras familias del mismo sexo estén protegidas, así como las heterosexuales), no queremos “sexualizar a los niños” o hacerlos LGBTI+, queremos que la gente reconozca que somos LGBTI+ desde pequeños y que los niños y adolescentes cishetero aprendan a respetar o, al menos, a tolerar, a no atacar u ofender a las personas LGBTI+.
Una observación: a diferencia de los activistas socialistas, que creen que sólo con una Revolución Socialista tendremos ciudadanía plena, yo soy un entusiasta y defensor del Estado Democrático y Social de Derecho. Siempre respondemos a esto con la esperanza de que sea un Socialismo con Libertad , como dice el nombre de un partido de izquierda en Brasil (PSOL – Partido Socialismo e Liberdade), y contra experiencias de “socialismos reales” que asfixiaron las libertades individuales en favor de la igualdad material. Muchos socialistas niegan que eran “socialismos reales”, con lo cual estoy de acuerdo, sólo señalo que lo que hemos tenido hasta ahora tampoco fueron “auténticos Estados de Bienestar”, sino sólo espectros de ellos. Siempre digo que mi utopía es “Noruega universalizada”, que el mundo entero debería ser como los países nórdicos, que llegaron a donde están gracias a exploraciones durante la era del colonialismo y se benefician de ello hasta el día de hoy, pero si un “mundo socialista” es posible, un verdadero estado de bienestar también.
¿Qué casos de litigio en América Latina te ofrecen una sensación de esperanza para la región en términos de derechos de personas LGBTIQ+? ¿Por qué?
Aunque en Brasil hemos tenido victorias emblemáticas en el STF desde 2011 en cuanto a nuestros derechos de ciudadanía, me da agonía pensar en cómo no teníamos derechos reconocidos antes de 2011 (una situación que probablemente solo sea mejor en Colombia, debido también a decisiones históricas de la Corte Constitucional que me interesa mucho estudiar en profundidad y me alienta). Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido un bálsamo, una luz de gran esperanza al reconocer la orientación sexual y la identidad de género como categorías sospechosas de discriminación, con una presunción de no convencionalidad y una fuerte carga para el Estado que quiera discriminarnos, ya que deben demostrar la imperiosidad de esta la norma/decisión por razones legítimas y necesarias; algo que obviamente no existió en la discriminación en la crianza de menores por parte de personas LGBTI+ y parejas del mismo sexo (caso Atala Riffo e hijas Vs. Chile, 2012), en la discriminación en las Fuerzas Armadas (caso Flor Freire Vs. Ecuador, 2016), en la discriminación de parejas del mismo sexo en las pensiones de la seguridad social (caso Duque vs. Colombia, 2016) y en el acceso al matrimonio civil (OC 24/17 – segunda parte), en el irrespeto a la identidad de género de las personas trans en sus documentos de identificación, el cual debe ser cambiado independientemente de cirugías, denuncias y acciones legales (OC 24/17 – primera parte), además del derecho de las mujeres trans a permanecer en prisión de mujeres y la no discriminación en general contra las personas LGBTI+ que se encuentran encarceladas (OC 29/22). Así como en las decisiones que determinaron el mapeo de la homotransfobia y la creación de políticas públicas a nuestro favor (caso Azul Rojas Vs. Perú, 2020).
En Brasil, el control de convencionalidad y el respeto a las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana están aún en pañales, siendo un tema aún poco estudiado y poco conocido por el Poder Judicial y los operadores del Derecho en general, dependiendo aún de la buena voluntad de cumplimiento (problema clásico del derecho internacional que tiene lugar por las concepciones anacrónicas de soberanía, aunque soberanamente el estado acordó respetar los tratados y la jurisdicción de la Corte) lo cual es una vergüenza. En cualquier caso, la jurisprudencia emancipadora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la protección de los derechos LGBTI+ me da un rayo de esperanza, tanto en Brasil como para otros países de América Latina. Digo esto porque me rompió el corazón el relato del abogado gay Eliecer Lu de Panamá, cuando dijo que allí las decisiones de la Corte Suprema eran contrarias a las de la CIDH, a diferencia de las del Supremo Tribunal Federal de Brasil, quedando asombrado por su continuidad de la lucha judicial para seguir poniendo nuestra ciudadanía en la agenda de la Nación, incluso para posibles futuras denuncias del país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me gusta pensar que yo actuaría de la misma manera y, en cualquier caso, no veo otra alternativa en un país donde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial niegan la ciudadanía a las personas LGBTI+. Por lo tanto, espero que la jurisprudencia emancipadora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre derechos LGBTI+ pueda ayudar paulatinamente a la transformación social de todos los países latinoamericanos (esto también aplica a decisiones de otras Cortes Internacionales, otras Cortes Supremas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, etc.). Sé bien que la Ley no puede hacerlo todo, aunque puede hacer mucho, lo que también se aplica a las decisiones judiciales. Necesitamos campañas de concientización social sobre la igual dignidad de las personas LGBTI+ frente a las cishetero, lo que exige voluntad política de los Poderes Políticos, grandes medios de comunicación, etc. En cualquier caso, aunque las decisiones judiciales no pueden solucionarlo todo por sí solas (y eso nadie lo cree, yo ciertamente no lo creo, al contrario de lo que imagino que mucha gente piensa de mí), es un error pensar que las decisiones judiciales no ayudan. El error es pensar que una decisión judicial o una ley resolverán todo por sí solas y/o por arte de magia: lejos de generar el “fin de la lucha”, configuran nuevos capítulos en nuestra historia de lucha por la ciudadanía plena, sin discriminaciones de ningún tipo. Esa es mi creencia y en Brasil esta se ve confirmada, aunque de manera específica y muy lenta, por las decisiones históricas del Tribunal Supremo Federal que garantizan la ciudadanía de las personas LGBTI+.
