A través del siguiente comunicado, les integrantes de la Red nos unimos a la exigencia de garantías para la democracia y el respeto por los derechos humanos en Perú.
Desde La Red de Litigantes LGBTI+ de las Américas condenamos categóricamente las sistemáticas violaciones a los derechos humanos ejercidas por el Estado Peruano como forma de criminalización a la protesta y expresamos nuestra preocupación por el uso excesivo del estado de emergencia, sin que hasta el momento se haya atendido las demandas sociales.
También observamos con preocupación que desde el inicio de la actual coyuntura sociopolítica que afronta el Perú, más de 60 personas, 7 de ellas niñeces y adolescencias, murieron como consecuencia del excesivo uso de la fuerza por parte de agentes estatales. Esta política represiva con un claro trasfondo racista y clasista, se ha encargado de criminalizar la movilización social y su financiamiento, relacionándola con organizaciones terroristas para estigmatizar y así justificar las vulneraciones a los derechos humanos de personas en diferentes ciudades del país.
Rechazamos también las medidas tomadas por el actual gobierno que tienen como fin último la erosión de las garantías democráticas y la vulneración de los derechos humanos, atentando así contra pilares fundamentales de un Estado de Derecho democrático y una sociedad pluralista. Situación que se agrava con los pedidos de amnistía para la policía y el ejército, así como la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos solicitados por grupos parlamentarios que desconocen el Derecho Internacional.
Nos indignan profundamente los actos de represión cometidos en contra de las mujeres y las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas que no solamente se han limitado a la violencia física y sexual, dejando claro que la estrategia violenta del Estado busca preservar y mantener el modelo social heterocispatriarcal que ha discriminado históricamente a estos grupos sociales. En lo que va del año, se han registrado más de 8 transfeminicidios y amenazas contra la seguridad personal de mujeres trans en todo el territorio nacional.
Exigimos que el Estado peruano no desconozca los límites de legalidad, necesidad, temporalidad y proporcionalidad que el derecho internacional ha marcado frente a los Estados de excepción, así como el respeto al derecho a la protesta, derecho a la defensa y derecho a recibir atención médica, para así garantizar que las medidas adoptadas sean respetuosas de los derechos humanos de sus nacionales. En esa medida, requerimos al Estado Peruano que respete sus compromisos en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos, y otros instrumentos de derechos humanos de los que es parte.
Finalmente, convocamos a las instituciones y a liderazgos políticos a atender las demandas populares que exigen unas elecciones generales democráticas y transparentes para este año 2023, en las que haya diálogos directos y horizontales con todos los sectores sociales que componen el país; y exigimos a la Organización de Estados Americanos y a las Naciones Unidas que adopten las medidas correspondientes para monitorear, investigar, documentar e identificar a los responsables, según sus competencias, y así evitar la impunidad.
¡Ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos!
