El 29 de junio de 2024, un día antes de la Marcha en defensa de los derechos de las personas LGBT convocada en San José, el Presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chaves, destituyó a la Ministra de Cultura y Juventud, Nayuribe Guadamuz, y al Comisionado de Inclusión Social por haber tramitado la declaratoria de interés cultural para este evento, según él, sin su autorización. En el comunicado de prensa que emitió la Presidencia, se indica que la organización de la marcha no había solicitado, tramitado ni recibido los permisos de las autoridades para su realización, pese a que sus organizadores los tramitaron hacía varias semanas e incluso sostuvieron reuniones con diferentes instituciones en Casa Presidencial. Este acto solo buscaba desalentar la participación en el Marcha del Orgullo, lo que el vocero de la marcha calificó como ilegal y populista.
En dicho comunicado, la Presidencia también anunció su decisión de anular la declaratoria de interés cultural a la marcha. Esta decisión se adoptó tan solo horas después de que varios diputados evangélicos criticaran la declaratoria de interés cultural mediante sus redes sociales.
Por otra parte, el 28 de junio la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, producto de una petición de amparo de un ciudadano que buscaba impedir la realización del Desfile del Orgullo LGBTIQ+ en el país, emitió una resolución en la que ordenó al Presidente Bernardo Arévalo y a las Fuerzas de Seguridad del Estado que “velaran por la protección de los valores espirituales y morales de la sociedad, en especial de los niños, niñas y adolescentes”.
Ambas situaciones perpetúan la discriminación que existe en contra de las personas LGBTI+ y vulneran su derecho a la libertad de expresión y a la reunión pacífica. Como lo señaló el Experto Independiente de Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, en su reciente informe Libertad de expresión, asociación y reunión pacífica: “Las marchas del Orgullo constituyen una importante forma de expresión cultural y sirven para promover distintas causas en función del contexto, como protestar contra la violencia y la discriminación, para celebrar la resiliencia y la comunidad, y para aumentar la visibilidad pública”. En esa medida, la limitación de estos eventos socava los esfuerzos por exigir condiciones de vida dignas e igualitarias, en cualquier sistema democrático.
En el caso guatemalteco, se observa con preocupación el uso malintencionado de narrativas sobre la moral para restringir los derechos humanos de las diversidades sexuales y de género. El Experto Independiente antes citado fue enfático en afirmar que los mandatos estatales basados en “buenas costumbres” otorgan a las autoridades una facultad discrecional para reprimir la expresión pública.
Desde la Red de Litigantes LGBTI+ de las Américas, se insta a los Estados a respetar las manifestaciones del Orgullo y reconocerlas en la construcción democrática para el ejercicio y la garantía de los derechos de las personas LGBTI+
