El 5 de julio de 2024, el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 1 de la ciudad de La Plata condenó a 11 personas, entre ellas policías, militares y un civil, por privaciones ilegales de la libertad; tormentos y abusos sexuales agravados; asi como reducción a la servidumbre de 8 mujeres trans que habían sido detenidas ilegalmente en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como “Pozo de Banfield” de la provincia de Buenos Aires. Esta importante decisión constituye un hito en la judicialización de crímenes de lesa humanidad al ser la primera que condena penalmente la persecución por motivos de identidad de género en contextos de terrorismo de Estado.
Las víctimas, además de sufrir la violencia generalizada que enfrentaban los demás cautivos, fueron también sometidas a actos de violencia sexual en repetidas ocasiones y padecieron ataques especialmente sádicos y despiadados. Estos hechos no fueron aislados, sino que formaban parte de un ataque propio del plan sistemático de represión ilegal destinado a disciplinar a aquellas personas que desafiaban al sistema cisheterosexual predominante. Por otra parte, las víctimas fueron esclavizadas e instrumentalizadas por sus represores para limpiar sangre de autos, cocinar, asear los lugares de detención y tortura y otras acciones complementarias a su actuar criminal.
La Fiscalía, teniendo en cuenta el precedente interamericano del caso “Vicky Hernández vs. Honduras” demostró que las personas trans vivían en la Argentina una grave situación de marginalidad social previa al golpe de Estado, pero que la discriminación y la violencia en su contra se acentuó considerablemente producto de un plan de aniquilamiento que eliminaba todo lo que se presentase como disidente. Esta política de exterminio categorizaba como enemigo a quien subvirtiera el modelo binario sexo-genérico que la última dictadura civico militar buscó enraizar en la sociedad argentina.
El apoyo a esta mirada criminal recibió el respaldo público de las más altas jerarquías de las Fuerzas Armadas que usurparon los poderes públicos el 24 de marzo de 1976, tales como el dictador y entonces Presidente de Facto Jorge Rafael Videla, quien señaló que constituía un delito atentar contra el estilo de vida occidental y cristiano, y que quienes subvirtieran este sistema de valores serían considerados terroristas.
Frente a ello, la sentencia reconoce que las identidades de género disidentes forman parte de la identidad nacional y, en esa medida, su persecución y exterminio destruyen parcialmente a la comunidad argentina por desconocer lo que las personas de la diversidad sexual y de género han aportado a la construcción del tejido social.
La Red de Litigantes LGBTI+ de las Américas celebra esta histórica decisión que reconoce la violencia diferencial que sufrieron las mujeres trans en el contexto de terrorismo de Estado Argentino e insta a los demás Estados de la región, a que en la investigación, judicialización y sanción de crímenes de lesa humanidad adopten siempre una perspectiva de diversidad sexual, así como reconozcan y reparen los daños sufridos.
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