¿Cuáles son los datos manejados por la Red Lésbica Cattrachas sobre la violencia contra las personas LGBTI+ comprendidas desde el año 2017 hasta el año 2022 y cuál ha sido la capacidad de respuesta institucional del Estado para investigar, juzgar y sancionar estos casos?
El Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTI del Centro de Monitoreo y Medios de Comunicación de la Red Lésbica Cattrachas registró, entre 2017 y 2022, 197 muertes violentas: 116 gays, 38 lesbianas y 43 personas trans. También registró la desaparición de 3 personas LGBTI: 1 gay y 2 lesbianas.
Solamente 57 casos han sido judicializados y únicamente se han dictado 14 sentencias condenatorias. Sin embargo, a ninguna se le ha aplicado el agravante genérico en materia penal por discriminación basada en la orientación sexual, identidad y/o expresión de género, por tanto se evidencia la permanencia de un 93% de impunidad.
En Cattrachas nos hemos mantenido vigilantes para que se nos repete y garantice, sin ningún motivo de discriminación, el derecho al acceso a la justicia a todas las personas LGBTI, por lo cual hemos impulsado acciones para afianzar la respuesta institucional del Estado, tanto de carácter investigativa como preventiva por medio de la incidencia basada en la evidencia. El 13 de marzo de 2023, en el marco del cumplimiento del punto resolutivo 17 de la sentencia en el caso Vicky Hernández y Otras Vs. Honduras, Cattrachas, a través de la evidencia del Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTI, entregó a la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad 477 expedientes de muertes y personas LGBTI desaparecidas, desde el año 1994 hasta marzo de 2023. Lo hicimos con el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado para contribuir a erradicar la violencia las personas LGTBI en Honduras.
No solamente se pretende contribuir a que el Estado cumpla con su obligación de investigar las violaciones a derechos humanos, también a fortalecer las capacidades estatales de prevenir la violencia y discriminación motivadas por el prejuicio.
¿Qué impacto ha tenido en la región el estudio y seguimiento a la luz pública del caso de Vicky Hernández, una mujer trans asesinada en el contexto de violencia política y generalizada contra personas trans en 2009?
En 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Honduras por la primera muerte violenta durante el Golpe de Estado del año 2009, relacionada con el transfemicidio de Vicky Hernández, una mujer trans defensora de derechos humanos de las personas LGBTQ.
La sentencia dictada por la Corte IDH desarrolla un conjunto de lineamientos jurisprudenciales trascendentes para el sistema interamericano de derechos humanos, por lo cual Vicky sigue siendo un precedente a nivel nacional y regional para el pleno reconocimiento de los derechos y libertades de las personas LGBTI.
Uno de los principales impactos a nivel nacional y en América Latina y el Caribe es el cumplimiento del punto resolutivo número 16 de la sentencia, concerniente a la creación del protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia, cuyo objetivo principal apunta a que las y los funcionarios públicos garanticen investigaciones oportunas y efectivas que permitan identificar, juzgar y sancionar toda violencia por orientación sexual, identidad y/o expresión de género diversas.
Considerando también la necesidad de contribuir en la respuesta institucional de los Estados, y el acceso a la justicia con enfoque diferenciado bajo el principio de debida diligencia, el caso de Vicky también ha impulsado el trabajo paralelo en la construcción de un protocolo regional de investigación de muertes violentas de personas LGBTIQ+.
Es por esto que Vicky permite que tanto en Honduras como en los países de la región se promueva ejercer el control de convencionalidad de todos los compromisos internacionales derivados de la sentencia.
