Después del plebiscito en el cual se rechazó la propuesta constitucional que instaba al Estado a garantizar el derecho a la igualdad real y proteger contra toda discriminación a grupos históricamente excluidos, ¿cómo ha avanzado la lucha en Chile de las organizaciones LGBTIQ+ después de casi un año de estas votaciones?
Si bien el trabajo realizado por las organizaciones de la sociedad civil en el marco del anterior proceso constituyente logró plasmar artículos que hacían directa relación a grupos históricamente excluidos y a nuestras comunidades, con el resultado del plebiscito que rechazó dicha propuesta, el escenario cambió radicalmente.
Y es que con el resultado que se obtuvo, y la posterior elección para nuevos consejeros constituyentes, siendo mayoritariamente (50%) representantes del partido republicano Chileno, partido de ultra derecha, ultra conservador y anti derechos, además de los consejeros electos de partidos simpatizantes a esa ideología, quedaron con la mayoría absoluta en el proceso, y por tanto, con la posibilidad de aprobar y rechazar propuestas sin la necesidad de llegar a acuerdos con las demás fuerzas políticas.
Resultado de eso se ha visto en el actual proceso constituyente, que rechazó de plano garantizar derechos fundamentales para nuestras comunidades, negando la existencia de una igualdad real, así como también normas relativas a la igualdad de mujeres en la sociedad. Esto, sumado a la tribuna comunicacional que han tenido los consejeros constituyentes actuales, ha provocado la legitimación de diversos discursos anti derechos, discriminatorios y de odio, ralentizando y haciendo retroceder los avances que venían trabajándose sobre temas legislativos, normativos y sociales.
El resultado es un repliegue de las organizaciones sociales que promovemos los derechos de grupos históricamente excluidos, a poder seguir avanzando en materias legislativas, judiciales y sociales, por ejemplo en el contexto de la reforma a la ley antidiscriminación, o la ley que protege a infancias trans del suicidio por acoso escolar, y otras relativas a la implementación de políticas públicas como la circular de educación 0812 para niñeces trans en los establecimientos educativos o de acceso a la salud. Todo esto en un contexto de incertidumbre del resultado del nuevo proceso constituyente, y como este pudiere afectar nuestros derechos en caso de ser aprobada.
¿Qué significa la democracia paritaria que se proponía en el borrador de la nueva constitución?
La democracia paritaria propuesta en el anterior proceso constitucional garantizaba que tanto los órganos del Estado, de toma de decisiones, y de aquellos en que el Estado tuviere participación, serían integrados a lo menos en un 50% por mujeres, asegurando los mecanismos para que diversidades sexuales y de género pudiesen participar de ellas, en igualdad de condiciones. Actualmente la paridad fue rechazada del nuevo proceso constituyente.
¿Qué tipo de leyes complementarias se necesitan en Chile para que un cambio social se establezca definitivamente en el país para personas LGBTI+?
Se requiere actualizar normativas a un rango legal para que situaciones contempladas actualmente por circulares se regulen efectivamente en una ley para el efecto. Se necesita avanzar en la actualización de la ley antidiscriminación vigente que establece barreras de acceso para ejercerla. También se debe actualizar la ley de identidad de género para que permita el cambio de nombre y sexo registral de menores de 14 años, y de personas no binaries.
Se requiere avanzar en una ley de acceso a la salud trans que permita acceder a cirugías, terapias hormonales, acompañamiento psicológico y se haga cargo de las urgencias médicas derivadas de los bio polímeros en los cuerpos de muchas personas trans adultas mayores, así como también una ley de educación sexual integral que garantice el respeto a las diversidades sexuales y de género.
Urge una ley de reconocimiento y reparación para personas de la comunidad LGTBIQ+ que históricamente han sido víctimas de violencia y discriminación sistemática a lo largo de sus vidas. Además de cualquier avance en materia legal, estos deben ir acompañados siempre de políticas públicas complementarias para que en la ejecución de los derechos contemplados en ella no se produzcan nuevas situaciones discriminatorias o vulneratorias de derechos por parte de funcionarios públicos, que menoscaben y reproduzcan la exclusión histórica que han sufrido nuestras comunidades.
