El pasado 4 de junio de 2024 se le informó a trabajadores del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, actual Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, de la reducción de al menos un 80% de la planta, dejando a más de 500 personas, entre ellas cientos de mujeres y personas LGBTI+ sin empleo. Dos días después, el 6 de junio, la funcionaria a cargo Claudia Barcia renunció a su cargo y el Secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, informó la disolución total de la dependencia.
La eliminación del mencionado Ministerio, que fue producto de las numerosas luchas feministas y de la diversidad sexual del país, ya era grave y constituía un enorme retroceso en la región. Ahora la disolución de esta Subsecretaría deja en vilo la ejecución de importantes políticas públicas como la línea 144 de atención psicojurídica en casos de violencia de género, que lleva más de 10 años vigente, el programa AcompañAr de acompañamiento económico para salir de situaciones de violencia, la Ley Micaela de capacitación para autoridades y empleados públicos en temas de género, entre otros programas dirigidos a proteger las vidas y la integridad psicofísica de las mujeres y las personas LGBTI+ de la Argentina.
La decisión tomada por el gobierno de Javier Milei pone en riesgo el bienestar y la seguridad de miles de ciudadanas, ciudadanos y ciudadanes que se favorecían de las políticas públicas encabezadas por esta dependencia. Pero también de quienes estaban trabajando allí, quienes con sus contratos garantizaban el sostenimiento de las políticas de género, además del sustento económico propio y el de sus familias en medio de una crisis económica brutal. Vemos con especial preocupación el despido de las personas trabajadoras travestis y trans que gracias a las políticas de inclusión social para las personas LGBTI+ encontraron en el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y ahora en esta Subsecretaría, su primer empleo formal.
Esta decisión atenta directamente contra el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, del cual deriva la prohibición de adoptar medidas que sean deliberadamente regresivas¹. También es abiertamente contraria a los compromisos de prevención de la violencia por motivos de género asumidos por Argentina cuando ratificó la Convención sobre Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belem do Pará. El incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar a la responsabilidad internacional del Estado.
Desde la Red de Litigantes LGBTI+ de las Américas instamos al gobierno Argentino a detener el recorte masivo de las políticas de género y diversidad sexual, a cumplir con las obligaciones internacionales en materia de protección de derechos humanos y a respetar los derechos laborales de las personas que se encontraban laborando en la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.
